No borremos con la izquierda lo que escribimos con la derecha
ECO REDD expresa su profunda preocupación ante el potencial conflicto socioambiental derivado de la reciente aprobación de la Ley 31973 en enero de 2024, la cual modifica por insistencia la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 29763, aprobada en 2011.
El trágico conflicto de Bagua en 2009 dejó una huella indeleble en nuestro país, cobrando vidas y generando graves repercusiones, todo a raíz de la aprobación inconsulta de modificaciones al marco legal forestal. Parece que las lecciones de aquel doloroso episodio no han sido completamente asimiladas, y nos enfrentamos nuevamente a una situación similar.
El pasado 10 de enero, el Congreso de la República aprobó por insistencia una enmienda a la ley forestal y de fauna silvestre que permite flexibilizar la institucionalidad y legalizar el cambio de uso de aptitud forestal para el establecimiento de cultivos agrícolas. Esta medida, sin duda, contradice los compromisos asumidos por el Perú ante la comunidad internacional en materia de conservación forestal. En lugar de fortalecer la institucionalidad, se debilita, al tiempo que se menoscaban las regulaciones técnicas necesarias para una adecuada zonificación forestal. Esto podría convertirse en un incentivo perverso para la deforestación y el cambio de uso del suelo.
Tanto el Ministerio del Ambiente (MINAM) como el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) han expresado su preocupación y rechazo a esta enmienda. Se suman a ellos las comunidades indígenas, que ya han manifestado su oposición y amenazan con una gran movilización nacional, respaldada por otros sectores de la sociedad civil.
Desde ECO REDD, consideramos que el riesgo es elevado. Instamos a que se prioricen las posiciones técnicas y se promueva un diálogo nacional que evite nuevos enfrentamientos. Es crucial abrir espacios de discusión técnica y promover el crecimiento económico de manera responsable, pensando en la sostenibilidad y la paz social. Debemos fortalecer nuestras instituciones, generar confianza social y valorar nuestros bosques, biodiversidad y conocimiento tradicional. Es imperativo promover las buenas prácticas y evitar retroceder. El patrimonio forestal de todos los peruanos está en juego, y no debemos legitimar prácticas perjudiciales.